Contra todas las injusticias

Por la garantía del cumplimiento de los DD. HH. en Paraguay

Cientos de personas de distintos sectores que componen a la sociedad paraguaya se movilizaron el pasado sábado 10 de diciembre junto con las organizaciones que reivindican el fin de todas las injusticias y la garantía del cumplimiento de los derechos.

Por Laura Ruiz Díaz. Retratos José Alderete y Fernando Franceschelli. Imágenes de la marcha: Alegría González para Codehupy.

Cientos de personas se movilizaron desde el viernes 9 para llegar a tiempo, en el horario de concentración establecido. Desde tempranas horas, organizaciones indígenas y campesinas empezaron a copar la plaza. Las nucleaciones de la ciudad siempre o llegamos tarde o sobre la hora; pero llegamos. El ambiente es de fiesta y reencuentro entre compañeras y compañeros de una misma lucha colectiva: la garantía de los Derechos Humanos para todas las personas, sin discriminación.

Este año, la reivindicación principal de la movilización tuvo que ver con la tierra. ¿Los convocantes? La Coordinación de Lucha por la Tierra Campo-Ciudad, compuesta por una decena de organizaciones, cuyo objetivo colectivo tiene que ver con esta lucha. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) también tuvo un papel preponderante, con las 24 agrupaciones que la integran y las más de 15 que son adherentes.

¿Por qué la tierra? 

La entrevista con Mario Rivarola empieza como una clase. Con paciencia, el secretario general de la Organización Nacional de Aborígenes e Indígenas de Paraguay (ONAI) explica en pocas palabras toda una visión de mundo. 

“Ore siempre rome’e peteî concepto diferente de la tierra (comparando con el agronegocio), he’i voingo pe héra, ¿ajépa? A-gro-ne-go-cio: ha’ekuéra ohecha kaaguy umía como negocio, péa oliquidá, ofundiva’erâ, ha ojapo plata ha ojuka la yvy. ¡La yvy ndaha’éi mercancía!”, comienza Mario, crítico de la visión mercantilista de la tierra.

“Ore rohecha diferente. Oréve guarã agricultura: ka’aguy ha’e ore medio natural. Oho oñondive cultura indígena ancestral. La comunidad primitiva no perjudica la tierra, busca el equilibrio total en cuanto al respeto mutuo entre la naturaleza y la humanidad; sino, la naturaleza se defiende también”, explica. “Upépe voi la concepto totalmente diferente, ore rohecha como una madre la yvy, a través de ella tenemos vida, nos provee de comida, péa mediante oguereko la kokue ñamongaru la ore familia; la población oviví porâ”, añade.

“Por eso, las reivindicaciones principales son la tierra y el territorio, péa ha’e la punto número uno. Y después alimentación, vivienda, electricidad, agua potable, salud, educación, caminos… Pero lo principal es la tierra, ¿de qué nos sirve un camino si no tenemos dónde vivir?”, sostiene Mario.

Según datos oficiales, el 65 % de los miembros de pueblos indígenas viven en la pobreza y más del 30 % en pobreza extrema. El 97,9 % tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Estos datos dan cuenta de una exclusión: es el Estado el que debe garantizar el bienestar de los pueblos originarios, y se aplazó en la tarea.

«La cuestión de Derechos Humanos a favor de nosotros prácticamente nunca ndojecumplíri, a pesar de que el Estado debería llevar en cuenta el cumplimiento de eso, que tenemos como pueblos indígenas, como autóctonos de este continente”, reclama Mario.

Estos derechos están garantizados por ley. En nuestra Carta Magna, en sus artículos 62 al 67, el Estatuto de las Comunidades Indígenas (ley n.º 904/81), la ley n.º 43 de regularización de asentamientos indígenas, además de decenas de tratados internacionales que engrosan la lista de los acuerdos incumplidos por el Estado paraguayo. 

«En vez de que se cumplan nuestros derechos, ore roime fuertemente atropellados, ore roime avasallados, ore roiko despojados de nuestro territorio”, explica Rivarola. “Ñande retâme la justicia oî solamente para los ricos, ndaipóri para los pobres”, y continúa: “Ore (los pueblos indígenas) ha’e peteî basura prácticamente. En cuanto a Derechos Humanos, ndoroguerekói mba’evete vera ñande retâme, ikatu ára oñeme’ê el cumplimiento mba’e, ¿ajépa?”.

Otra preocupación son los desalojos: familias completas, toda una comunidad con sus casas, sus cultivos, animales, objetos, todo se pierde. “Nos dejan sin nada, nos hundimos, nos quedamos hasta sin vestimenta. Lo mitã upépe operdéva, operdepaite la oguarekomi”, protesta. Un peligro aún mayor son los civiles armados, contratados por propietarios de las tierras lindantes con los territorios y asentamientos indígenas, que amedrentan permanentemente a las comunidades.

Por estas razones, según Mario, ONAI acompañó la marcha el pasado 10 de diciembre: “Ikatu haguâicha el cumplimiento de ore derecho”.

Para garantizar los derechos

«Ore guara ha’e peteî día muy importante como campesinos, campesinas ha indígenas, roñandúva ko violación de los derechos», explica Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina.

“¿Mba’e la orreivindicata como derecho?”, inicia Teodolina: “Los campesinos, campesinas  e indígenas reivindicamos el acceso a la tierra porque consideramos que es crucial para el desarrollo”. 

Explicó que acceder a un pedazo de tierra significa garantías de alimentación, no solo para las familias campesinas, sino también para todo el pueblo, pues crea condiciones para la salud y el desarrollo; implica garantía de derechos. “Por eso creemos que es de mucha importancia reivindicar en esta fecha el derecho a la tierra y denunciar también la violación de los derechos que fueron avasallados en el proceso”, acusa.

“¿Ha mba’e upéa he’ise? Los desalojos, las imputaciones, el encarcelamiento de las y los compañeros que solo quieren un pedazo de tierra”, lamenta. “Entendemos que tenemos derecho a acceder a un pedazo de terreno, que significa desarrollo y vida para el campesinado y los indígenas, por eso convocamos a la movilización el 10 de diciembre, por los Derechos Humanos y contra todas las injusticias”.

Teodolina explicó el lema que las organizaciones de la Coordinación de Lucha por la Tierra Campo-Ciudad eligieron: “Cada vez más vemos que el pueblo sufre injusticias: los campesinos por la falta de acompañamiento del Estado, ikatu haguâicha ojeproducí cada vez más; por otro lado, la negación del acceso a la tierra, ha upéicha avei el atropello a las comunidades campesinas e indígenas; además, las comunidades que se ven destruidas frente al avance de la soja”.

“Nos preocupa ver al pueblo totalmente desesperado, desesperanzado, porque no se le incluye en las políticas de Estado. No solamente el campesino ohasa la koâmba’e injusticia, sino así mismo el pueblo trabajador cada vez más jachecha mba’éichapa ohasa la injusticia”, reclama.

En lo que respecta a educación, Teodolina cita las escuelas fumigadas y la media sanción a la derogación de la ley n.° 6659/20, que pone en peligro la garantía de la alimentación escolar, los útiles y las reparaciones de infraestructura.

Teodolina reconoce la migración como consecuencia directa del incumplimiento de los derechos en nuestro país: “Ápe ndajaguerekói salida, ñande jaha otro tetâme u otro departaméntope. Ñande retâ jarrecorre, jaheka fuente de trabajo… Ore guara, ha’e péa principalmente una violación de los Derechos Humanos”.

Deuda histórica

Codehupy aglutina a una treintena de organizaciones que abogan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro país y tuvo un papel preponderante, no solo en la movilización, sino también en toda una semana dedicada a reivindicarlos desde distintos espacios, desde el teatro hasta las calles.

“Desde Codehupy, con los análisis que venimos realizando, consideramos que Paraguay tiene muchas deudas en esa materia, en el tema de memoria histórica, en cuanto a desigualdad, educación y salud”, inicia Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la coordinadora.

Identifica dos grandes escenarios: por un lado, todo lo relacionado con los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, que son criminalizadas y despojadas de sus territorios; por otro, preocupan los niveles de agresión y de ataque a defensores y defensoras de Derechos Humanos en esta escalada de los grupos antiderechos.

“Atacan a quienes reivindican o trabajan por la implementación efectiva de derechos relacionados con la no discriminación, la igualdad, la educación (como el proceso de Transformación Educativa), las comunidades LGBTIQ+, de niños niñas y adolescentes. Están recibiendo una serie de violentos ataques a través de las redes sociales y otros medios, y han llegado a niveles intolerables para una sociedad democrática”, denuncia.

Leguizamón remarca la deuda histórica del Paraguay en cuanto a memoria: “No se han sancionado los crímenes cometidos durante la dictadura y tampoco se trabajó en pos del fortalecimiento de la democracia, o de una mirada crítica a lo que ha ocurrido en ese periodo, para que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”, remarca.

Otra afección que cita es la desigualdad, que impacta en las vidas de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, situación muy ligada al acceso a la tierra, a la salud, a la educación de calidad y al acceso a la justicia. 

“La impunidad existe en distintos tipos de hechos, como el asesinato de dirigentes campesinos en el proceso de lucha por la tierra, de periodistas como consecuencia del ejercicio de sus funciones y de personas trans en crímenes de odio, además de todo lo relacionado con la violencia contra la mujer, las niñas, los niños y adolescentes, y el abordaje que se debe realizar”, cita Dante como otras problemáticas de nuestro país.

Por otro lado, el crimen organizado. “Paraguay tiene gravísimos problemas relacionados con el crimen organizado y la cooptación de parte de este de las instituciones del Estado, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y la democracia, y la posibilidad de avanzar efectivamente hacia el cumplimiento de derechos”, denuncia Dante.

“Estos son los puntos por los cuales marchamos el 10 de diciembre, por derechos para todos, para todas, sin distinción”, recalca.

Tierra y memoria

¿Cuántas miles de hectáreas fueron entregadas durante la dictadura? La Comisión Verdad y Justicia, organismo creado por ley n.° 225/03 para investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner, documentó la cantidad de terreno malhabido en su informe final: “Del total de las adjudicaciones ilegales, 3054 lotes, que suman 1.507.535 hectáreas, corresponden a la región Oriental, y 1178 lotes, que suman 6.298.834 hectáreas, corresponden a la región Occidental”.

Ante el problema del acceso a la tierra, que afecta de forma directa a la garantía de los Derechos Humanos, urge una política efectiva de recuperación de lotes adjudicados de forma ilegal.

Nuestro país adeuda un proceso de memoria, verdad y justicia que reivindique el despojo que planes supranacionales han realizado, lo que afectó a generaciones y generaciones de paraguayos y paraguayas. Solo una mirada crítica del pasado, con énfasis en la memoria y en una reparación efectiva de nuestro horadado tejido social, podrá ser tierra fértil para cosechar derechos para todos y todas, sin discriminación.