Derechos en vigilia

Sobre la (posible) derogación de la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres

Ante la amenaza de la posible derogación y/o modificación de la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres, conversamos con dos académicas especializadas en violencia por razones de género sobre lo que implica este tipo de discursos desde el Gobierno actual.

Hace tan solo seis meses asumió la dirección del país el nuevo Gobierno, liderado por Santiago Peña. En ese lapso, desde el Congreso, cooptado por el sector cartista, se aprobó la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, a pesar del repudio y de las constantes manifestaciones en contra de parte de sindicatos y jubilados. Se echó lupa sobre el problema de la corrupción con respecto a los nepobabies en el Senado. Y recientemente lograron expulsar, en una maniobra inescrupulosa, a quien fue la cuarta legisladora más votada de la Cámara de Senadores, Kattya González.

Particularmente, el último hecho es un antecedente importante para el desarrollo de esta nota. En el Día de la Mujer Paraguaya, 24 de febrero, el senador cartista Basilio Bachi Núñez decidió comunicar a través de sus redes sociales su intención de “conversar con colegas que quieran acompañar y presentar la derogación de la Ley 5777/2016”. Bachi habla de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia. Y cuando usa el término “derogar”, se refiere a dejar sin efecto una normativa que se encuentra vigente.

El simple hecho de pronunciarse y plantear algo como la derogación de una normativa tan fundamental es sumamente preocupante.

Luego de esas declaraciones, en algunos medios de prensa salió que, en realidad, lo que el senador colorado quiso decir es que su intención no es dejar sin efecto toda la ley, sino plantear modificaciones a artículos que él considera son inconstitucionales. Sin embargo, con los antecedentes mencionados, en términos de toma de decisiones que omiten prácticas democráticas, el simple hecho de pronunciarse y plantear algo como la derogación de una normativa tan fundamental es sumamente preocupante.

La importancia de la existencia de la Ley Integral contra Toda Forma de Violencia

Ahora, ¿dónde reside la necesidad de una ley como la 5777? Para Myrian González Vera, miembro de la dirección del Centro de Documentación y Estudios y especializada en cuestiones de género, la normativa vino a llenar vacíos importantes con respecto a la protección de las mujeres contra toda forma de violencia, porque la Ley 1600, de Violencia Doméstica, se restringía al ámbito familiar. “Lo más importante que tiene es que, al incorporar la figura del feminicidio como tipo penal, permite a la Justicia mirar con otros ojos los crímenes. Eso abre las puertas a una investigación desde otra mirada, desde otra perspectiva, con los antecedentes que existen para que ese asesinato se considere violencia basada en el género”, explica Myrian.

El hecho de que el feminicidio esté tipificado como tal visibiliza que el asesinato de una mujer por parte de un varón obedece a relaciones de desigualad histórica entre ambos géneros. “Cuando hablo de relaciones de poder, hablo de que la mujer está en una situación de dependencia, ya sea económica, emocional o de cualquier tipo con respecto al hombre. Generalmente, en Paraguay, la mayor cantidad de feminicidios ocurre dentro de la familia, en las relaciones de pareja o expareja”, acota Myrian.

“Cuando hablo de relaciones de poder, hablo de que la mujer está en una situación de dependencia, ya sea económica, emocional o de cualquier tipo con respecto al hombre. Generalmente, en Paraguay, la mayor cantidad de feminicidios ocurre dentro de la familia, en las relaciones de pareja o expareja”

Myrian González Vera, miembro de la dirección del Centro de Documentación y Estudios y especializada en cuestiones de género.

Para Montserrat Vera Aponte, psicóloga especializada en violencia por razones de género, cofundadora de PsicoFem y parte de la Red Feminista de Salud Mental, violencia siempre hubo; denuncias y visibilización es lo que no existía: “Nuestros derechos siempre los tuvimos que ganar luchando en esta sociedad machista. Por eso, querer eliminar la ley —o el Ministerio de la Mujer, como piden algunos— solo demuestra su desconocimiento de la temática. Ahora bien, si se materializa esta amenaza, el mensaje a la sociedad es doble: por un lado, el Estado dice que no le importa proteger la vida de las mujeres y deja en desprotección absoluta a las víctimas; por el otro, va directo a los agresores, pues les garantiza impunidad, lo que exacerba significativamente las conductas violentas”.

El impacto de una posible derogación de esta ley tiene varias aristas. Según Myrian, la principal es la política: “El posicionamiento de los legisladores —que se aprovechan de su mayoría coyuntural, hacen y deshacen pequeños avances que hemos tenido las mujeres— es un mensaje muy fuerte de autoritarismo, machismo y patriarcado. En sí, la mera manifestación es una violencia extrema”. En la segunda arista, Montserrat y Myrian coinciden en que sería una batalla ganada para los varones violentos.

“Desde nuestros lugares como profesionales y académicas nos toca argumentar científicamente las razones por las cuales la violencia contra las mujeres es inaceptable y representa una expresión de lo peor que tenemos como sociedad”

Montserrat Vera Aponte, psicóloga especializada en violencia por razones de género, cofundadora de PsicoFem y parte de la Red Feminista de Salud Mental.

Por otra parte, Montserrat cree que desde PsicoFem y la Red Feminista de Salud Mental hay dos caminos que se presentan necesarios de transitar en este momento. “Por un lado, desde nuestros lugares como profesionales y académicas nos toca argumentar científicamente las razones por las cuales la violencia contra las mujeres es inaceptable y representa una expresión de lo peor que tenemos como sociedad; y como organizaciones profundamente políticas, debemos exigir al Estado que esté a la altura de las necesidades de su población en términos de garantías de protección de la salud y la vida”, comenta con preocupación.

El argumento principal de Bachi Núñez para alterar de alguna manera la existencia de esta ley es la inconstitucionalidad de partes de esta. Myrian argumenta que, si el cuestionamiento real reside ahí, se podría hacer una revisión. “No creo que amerite realizar una modificación después de tan solo cinco años de aprobarla”, acota.

Si hacemos una revisión de nuestra historia, 40 años atrás no existía una sola ley o plan de protección a las mujeres.

Si hacemos una revisión de nuestra historia, 40 años atrás no existía una sola ley o plan de protección a las mujeres. “La gente no se animaba a hablar de la violencia basada en género porque se consideraba una cuestión privada, doméstica, familiar”. agrega Myrian. En ese sentido, considera que hoy contamos con muchas políticas públicas de género vigentes, pero hay un problema: la baja implementación.

Existen pocos lugares centralizados en la capital —y en algunas ciudades del interior— con servicios dirigidos a combatir la violencia basada en género. “Eso tiene que ver con la voluntad expresa de quienes administran el Gobierno, la cuestión presupuestaria y la falta de personal calificado para implementar adecuadamente las políticas que ya existen, y que se aplican de manera muy mínima, muy centralizada y en muy pocos lugares del país”, finaliza la especialista.