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El negocio del carbono

Claves para entender el mayor desafío del siglo XXI

Este año se reglamentó la ley de créditos de carbono y el debate dejó a muchos con una serie de incógnitas. ¿Qué son las emisiones de carbono? ¿Cómo funcionan los créditos de carbono? ¿A quiénes beneficiaría la normativa? Nos adentramos en un primer atisbo de lo que significa este desafío de la economía contemporánea.

En las últimas semanas acapararon las redes sociales imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) con estética Studio Ghibli. Además de la polémica que implica imitar el estilo de un trabajador que pasó toda su vida perfeccionando su arte, un tema llamó la atención: el impacto ambiental. Una sola gráfica en ChatGPT generaría alrededor de 135 g de CO2 (en función a la energía y la fuente). Pero, ¿en qué nos afecta esto?

El dióxido de carbono es un gas compuesto por carbono y oxígeno, inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable, que atrapa el calor y es el principal causante del efecto invernadero, que a su vez desencadena el calentamiento global. Las principales fuentes de emisión son los combustibles fósiles, la producción industrial, la ganadería intensiva, la quema de madera, los desechos, los combustibles de biomasa y otros.

Según la agencia estadounidense NASA, en febrero del 2025 había 427 partes de CO2 por cada millón de moléculas de aire en la atmósfera. Eso es significativo porque representa un nivel muy alto, los valores preindustriales eran aproximadamente de 280 ppm.

Más allá de los datos internacionales, hay ejemplos concretos más cercanos. El calor paraguayo de 40 °C a la sombra es uno de ellos y, combinado con una humedad de 50 %, puede alcanzar los 51,6 °C de sensación térmica. En noviembre de 2023, en el Chaco se registraron más de 10 muertes súbitas por estas temperaturas. El cambio climático nos afecta de forma directa e, inclusive, mortal.

En ese sentido, la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero recibe cada vez más atención. En nombre de esta adaptación al cambio climático surgió un nuevo subsistema económico con una compleja trama de actores: los mercados de carbono.

¿Qué son los mercados de carbono?

La propuesta es simple: se trata de un sistema que propone el intercambio de créditos para compensar emisiones de gases. Así, grandes empresas internacionales podrían, por ejemplo, comprar lo último que queda del bosque atlántico para equiparar su polución y, mágicamente, se volverían “no contaminantes” o “climáticamente neutras”. Por supuesto, estos deben ser medidos por entidades certificadas y existe, de alguna manera, una referencia única de precios, creada por el Banco Mundial.

Un reportaje realizado por el periodista local Maximiliano Manzoni, La mano carbonizada del mercado, plantea que “para poder vender el carbono capturado por un bosque se debe demostrar que ese bosque no está protegido o exigido por ninguna ley y que, por lo tanto, no se podría preservar sin el dinero del mercado”. A esto se le denomina “adicionalidad”.

Pero no es tan simple. De la misma manera, hectáreas de monocultivo de eucalipto serían consideradas compensaciones a emisiones de CO2. Por lo menos eso planteó el Gobierno paraguayo. El proyecto original establecía que para incluir un bosque al mercado de carbono se debía demostrar que no estaba de por sí protegido. Pero la mayoría del Congreso (el cartismo) eliminó esa obligación y amplió la lista de sectores que venderían créditos de carbono, desde agricultura y ganadería hasta energía.

En esas condiciones, las empresas internacionales no podían acreditar. Finalmente, el 18 de febrero del 2025 se reglamentó la ley para adecuar el concepto de adicionalidad a los estándares internacionales. «Esto significa que un proyecto que quiera vender el carbono que captura, como una reforestación, no solo debe demostrar que esa captura existe, sino que también debe demostrar que no hubiera sucedido sin dinero de los mercados», explicó Manzoni a La Política Online.

Una de las fuentes de emisiones de carbono más importantes es la provocada por incendios forestales que cada año azotan el país. Foto: Bomberos de Paraguarí, Paraguay-CBVP en ultimahora.com

Los datos publicados por el Banco Mundial, en su informe State and Trends of Carbon Pricing 2024 (Estado y tendencias de la fijación de precios del carbono 2024), detallan que en 2023 los ingresos provenientes de esta fijación alcanzaron la cifra récord de USD 104.000 millones y cubren el 24 % de las emisiones globales. La pregunta es a quiénes realmente benefician estos ingresos.

En este sistema intervienen actores de lo más diversos. La antropóloga Regina Kretschmer, en el informe Concentración y acaparamiento con agenda de medio ambiente, describe que en la negociación intervienen financiadores, bancos, empresas certificadoras, universidades, institutos de investigación, consorcios de asesores y más. No deja de lado a las fundaciones y organizaciones ambientalistas internacionales, que acompañan y legitiman estas políticas.

Javier Giménez, titular del Ministerio de Industria y Comercio, aseguró que el mercado voluntario está pagando hoy 15 USD por tonelada de carbono secuestrado, y el mercado regulado, entre 40 y 70 USD.

Para algunos, es una gran oportunidad para diversificar la economía, especialmente para los grandes terratenientes. Marcelo Insaurralde, ingeniero agrónomo especializado en proyectos ganaderos sostenibles, en una entrevista con Última Hora, planteó que un propietario con 10.000 hectáreas en Lagerenza podría optar por no explotarlas, para convertirlas así en un proyecto de conservación.

Una investigación de Carbono Opaco, una alianza de 13 medios de América Latina publicada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), reveló que otro ejemplo de beneficiario podría ser Vouga Abogados, el estudio jurídico con el cual trabajó el senador nacional Patrick Kemper en la redacción del proyecto de ley y, además, asesoró a empresas parte, en un claro caso de conflicto de interés.

El lado B de las políticas verdes

Varios sectores de la comunidad internacional que trabajan por la defensa de derechos humanos y la ecología plantean dudas sobre estas políticas “verdes”. Una de las principales tiene que ver con la medición de la captura, ya que se han determinado varios casos de inconsistencias en este punto, es decir, se decía que se atrapaban X toneladas de carbono y, en realidad, la potencialidad era mucho menor.

Por otro lado, un temor es que se profundicen las crisis ambientales, ya que, lejos de modificar el consumo de energía y emisiones de CO2 de parte de corporaciones y sociedades industrializadas del norte global, se ofrece un parche de mercado que muchas veces se trata de un negocio que acentúa las desigualdades y poco impacta en las comunidades.

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