Desafíos de cara al cambio de guardia

Ya leímos muchas veces que en Paraguay la salud está en terapia intensiva. La metáfora cobró aún más fuerza durante la pandemia, cuando la búsqueda desesperada de miles de paraguayos de una cama en la UTI develó nuestras carencias. Uno de los desafíos que el nuevo Gobierno deberá enfrentar es el de garantizar la atención médica a la población.

Por Laura Ruiz Díaz. Agradecimientos: Elbo Morales. 

Son las 6.00 de la mañana y ya hay más de 20 personas esperando. Muchos llevan un par de horas y saben que les tomará todo el día ser atendidos. El médico clínico considera el orden de llegada desde las 7.00 y quién sabe cuánto va a tardar en venir. De noche, las guardias están llenas. Para atención rápida, podemos perder tranquilamente tres o cuatro horas. Las urgencias, quizás, sean asistidas en una hora.  

Quien ha ido a alguna entidad del sistema de salud pública paraguayo conoce bien esa realidad, más aún cuando se trata de la única forma de llegar a ser atendido. Y queda más: esta es una mirada urbana, que no tiene en cuenta las dificultades de acceso de las comunidades rurales. Muchas de estas 20 personas sentadas en el pasillo esperando su turno tuvieron que hacer viajes de cuatro o hasta seis horas para llegar a un centro médico. 

Para las y los paraguayos, la salud es una peregrinación constante y, pese a que el actual ministro de la cartera sanitaria, Julio Borba, indicó durante el año pasado que el país debería invertir el  6 % de su PIB para alcanzar estándares internacionales, hoy solo gasta  el 2 %.

Según la investigación Alcance de la salud pública en Paraguay y sus desafíos, de Carmen Gómez y Raquel Escobar, de todos los sectores del sistema nacional sanitario, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) cubre al mayor porcentaje de la población, ya que el 72,9 % no tiene seguro médico y solo el 19,9 % está asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Para 2022, el presupuesto del MSPyBS fue de G. 8.694.000 millones. La mayor parte del presupuesto se destinó a  servicios personales, en un 56 %, mientras que bienes de consumo e insumos, donde se encuentran los medicamentos y otras tecnologías, correspondió al 29 % del gasto.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, datados en octubre de 2022, Paraguay gasta USD 179 per cápita en la salud de sus habitantes, lo que lo ubica entre los niveles más bajos de la región. Un preocupante 42 % del gasto anual en este rubro de los hogares proviene del bolsillo, lo que genera que cada vez más personas no logren acceder a la atención en cualquiera de los niveles de complejidad. El sistema sanitario paraguayo está fragmentado y sus capacidades no logran cubrir las necesidades de la población.

Nuestro país tiene una de las tasas de esperanza de vida más bajas de la región, con 70,5 años, por lo menos tres menos que países limítrofes.

Hasta 2022, se registraron 901 Unidades de Salud Familiar (USF), que cubren aproximadamente 2.406.162 consultas. Así, buscan la implementación de la Estrategia de Atención Primaria como primer eslabón de acceso.

Lucha anual por presupuesto

Hace pocos días, el ministro de Salud, Julio Borba, anunció la solicitud de una ampliación presupuestaria para cumplir con las necesidades que tiene esta cartera. “Siempre dije y voy a seguir insistiendo en que tenemos un presupuesto insuficiente para la realidad que nosotros vivimos”, planteó a Última Hora.

Las deudas son un flagelo dentro de la institución. El ministro informó que hay endeudamientos en el rubro 350, de medicamentos y vacunas; y en los rubros 530 y 535, que son equipamientos médicos. Además, quieren terminar el Hospital de Coronel Oviedo en julio próximo.

El ambiente también influye

Según el informe Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses, que publicó en 1974 Marc Lalonde, el secretario de Canadá de la cartera sanitaria, el bienestar depende 43 % de las condiciones de vida, 27 % de la biología, 19 % del medioambiente y solamente 11 % de los servicios en sí. Es decir, cuando hablamos de mejorar en este sentido, es necesario mirar más allá de la atención de enfermedades.

La prevención es clave, pero ¿cómo podemos implementarla si nuestra población aún no cuenta con la cobertura de las necesidades básicas de vida? Alimentación, vestimenta, servicios, vivienda digna… Todas son tareas pendientes pero muy necesarias para que el Paraguay logre tener salud.

La política del “no hay”

Mariluz Martín es politóloga, socióloga y experta en salud internacional, Estado y políticas sociales. Es coordinadora nacional de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) e investigadora de salud pública. Ella nos ofreció un diagnóstico sobre el estado de la cuestión. 

Según plantea, la salud pública se encuentra en una situación grave. “Está desfinanciada y los servicios, precarizados, sin capacidad para resolver los problemas de la gente”, afirma y detalla: “Las familias deambulan de un centro de salud a otro, sin que se les dé respuesta a sus dolencias, lo que agrava su sufrimiento y en muchos casos empeora su enfermedad”.

Estamos entre los cuatro países de América Latina que menos inversión pública como porcentaje del PIB tienen en salud. “Nuestro sistema fue desfinanciado históricamente por parte de los gobiernos de turno, ya que, en promedio, en los últimos años solo se ha invertido alrededor del 3 % del PIB. A partir de 2015 hubo un importante estancamiento en el gasto público en esa área”, indica.

“Tanto el MSPyBS como el IPS tienen graves problemas para responder a la demanda, que entre ambos alcanza aproximadamente al 90 % de la población, aunque, por supuesto, siempre hay sectores de la sociedad más afectados por esta situación”, sostiene la especialista. 

La centralización de los servicios, infraestructura y personal de salud es una de las problemáticas que más afectan al Paraguay. El 55 % del total de personal médico disponible a nivel país está en el departamento Central (4844) y en la capital (3597). 

“Cuando alguien tiene una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer o una intervención quirúrgica un poco más compleja, habitualmente debe venir a Asunción a recibir tratamiento, con todos los gastos que supone para la familia”, resalta. Y eso lo vemos claramente en el porcentaje de gasto de bolsillo. En Latinoamérica, somos terceros en el deshonroso ranking. 

En el caso de las poblaciones rurales, hay que sumarle, además, que se enfrentan a la falta de caminos, la ausencia de ambulancias, problemas de acceso a saneamiento y agua potable, lo que hace más prevalentes y virulentas las enfermedades  infecciosas, la diarrea, los problemas dermatológicos y otros, como afecciones crónicas; insuficiencias renales, cáncer, etcétera.  

“Si hablamos de las poblaciones indígenas, la discriminación se vuelve mortal. Los datos hablan por sí mismos, pues solo el 5,6 % tiene más de 60 años”, informa Martín, 10 años menos que la media urbana. Podemos encontrar la razón en la vulneración sistemática de sus derechos. 

¿Cómo solucionar? “Lo primero es conseguir el compromiso del nuevo Gobierno con la salud pública”, manifiesta. Según explica, esto significa parar inmediatamente y transparentar los procesos de privatización encubierta dentro del sistema, que incluyen los grandes negociados como las tercerizaciones, los seguros vip y los desabastecimientos de insumos, medicamentos esenciales y otras tecnologías sanitarias, que obligan a derivar a la gente a los servicios privados y las farmacias.

“Nuestro sistema de salud público ha sido privatizado sigilosa y descarnadamente, a través de la política del ‘no hay’”, sostiene. Al recurrir a estos servicios, faltan insumos, medicamentos, profesionales, equipamientos en condiciones… Eso implica una deriva a los centros privados.

La investigadora sostiene que Paraguay está dando la espalda a los dolorosos aprendizajes que dejó la pandemia de covid, cuando se demostró que solo lo público nos puede igualar en derechos.  “Mientras países de la región llevan adelante reformas para hacer más públicos, universales y accesibles sus sistemas, Paraguay se comporta y propone reformas mercantilizadoras de los años 90”, analiza Mariluz.  

¿Cuántas personas conocemos que recurren a la solidaridad colectiva para salvar la vida de un ser querido? En Paraguay, la falta de acceso a la salud pareciera un mal endémico. Pero otra realidad es posible y nuestra Constitución la garantiza. 

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Para que sí haya 

La base en Paraguay para garantizar este derecho es transformar el sistema mismo. Para empezar, necesitamos cumplir como mínimo con los parámetros internacionales e invertir el 6 % del PIB en el área. “Y que sea un gasto de calidad”, plantea Mariluz. ¿Cómo? En principio, el MSPyBS debe fortalecer su carácter rector de la salud pública y privada, pero también ser el principal prestador de los servicios, pues de todos ellos, tenemos garantía constitucional. 

“El nuevo Gobierno debe establecer un paso firme hacia un sistema de salud realmente público, universal, gratuito, integral, intercultural, de calidad y con calidez”, finaliza.

Las cifras

2% del PIB, aproximadamente, es lo que se invierte

6% es lo que se debería invertir, como mínimo, para alcanzar estándares internacionales

8.694.000  millones de guaraníes fue el presupuesto del MSP en el 2022

56% se destinó a servicios personales

29%  a bienes de consumo e insumos

179 dólares per cápita gasta Paraguay en la salud de sus habitantes, uno de los niveles más bajos de la región

42%  del gasto anual en salud de los hogares es gasto de bolsillo

70.5  años es la esperanza de vida por lo menos tres años menos que países limítrofes

5,6% solamente, de las poblaciones indígenas alcanza los 60 años y más

901 USF hasta el 2022

2.406.162 consultas atendidas

 A memorizar: Capítulo VI, Artículo 68 – Del Derecho a la Salud

El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad.

Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes.

Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana.