Sobre el conflicto por la ley de control a las ONG
La libertad de asociación y la transparencia son claves para una democracia saludable. Esta afirmación debería ser incuestionable, pero una vez más la realidad paraguaya se acerca a cualquier novela de ficción distópica. Este mes, la Ley de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) encendió el debate, y en estas páginas te contamos todo lo que tenés que saber sobre el tema.
Por Laura Ruiz Díaz. Collage de tapa: Gabriela García Doldán.
La Ley de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) se presenta como un marco normativo que busca garantizar la transparencia y la responsabilidad de aquellas organizaciones que manejan recursos, tanto públicos como privados. A pesar de que su objetivo parece legítimo, es crucial analizar la propuesta con un enfoque crítico para entender sus implicancias.
“Vamos a ventilar todo”, prometió el senador Gustavo Leite en un audio que se filtró en las últimas semanas. Por primera vez, esta redacción coincide. Por eso, en este artículo, nos proponemos explorar los aspectos más polémicos de la ley, escuchar la voz de las organizaciones afectadas y analizar lo que esto podría significar para el futuro del activismo en Paraguay.
¿Qué dice la ley?
El primer artículo de la ley reafirma el derecho constitucional a la libre asociación con fines lícitos. Los siguientes definen el propósito y alcance de la normativa, centrada en la gestión y especialmente las actividades de las OSFL que reciben fondos públicos o privados, sobre todo las que influyen en políticas, planes y programas estatales.
Sin embargo, la ley excluye de su ámbito de control a organismos internacionales, agencias especializadas, partidos políticos, iglesias, sindicatos, organizaciones deportivas no profesionales y comisiones vecinales, a menos que manejen fondos públicos.
Uno de los aspectos más controvertidos es el registro obligatorio de las OSFL. La ley exige que todas las organizaciones que operan en Paraguay, directa o indirectamente, nacionales o extranjeras, se inscriban en un plazo establecido, y su incumplimiento conlleva a sanciones.
La ley excluye de su ámbito de control a organismos internacionales, agencias especializadas, partidos políticos, iglesias, sindicatos, organizaciones deportivas no profesionales y comisiones vecinales
Sus artículos 9 y 10 obligan a las OSFL a presentar informes anuales que incluyan actividades a futuro, balances y la lista de sus colaboradores en detalle, así como a publicar esa información en sus sitios web. Además, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas y otras autoridades pueden solicitar datos adicionales en cualquier momento.
El régimen de la ley prevé severas sanciones para las organizaciones que no cumplan con las disposiciones, sobre todo en el ámbito financiero, con suspensión de actividades por el término de tres a seis meses. Los administradores y directores responsables legalmente podrían recibir inhabilitación para el ejercicio del cargo de dirección, administración, representación y/o fiscalización de la organización sin fines de lucro por un periodo de hasta cinco años, en caso de reincidencia.
¿Quiénes proponen esta ley?
La propuesta legislativa fue presentada por los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Derlis Maidana, Gustavo Leite, Zenaida Delgado, Erico Galeano, Lizarella Valiente, Javier Vera, Hernán Rivas, Pedro Díaz Verón y Norma Aquino, todos pertenecientes al núcleo duro del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), aunque algunos son nuevos ingresos provenientes de Cruzada Nacional.
Según Lizarella Valiente, «hay que estar atentos» a la influencia que pueden tener las organizaciones, y las acusó de fomentar una agenda progresista en el país con dinero proveniente del exterior. Los distintos representantes de oenegés paraguayas que accedieron a participar en esta nota afirmaron que no se realizó ningún proceso previo de consulta. Las audiencias públicas fueron organizadas por representantes de la oposición, pero el bloque oficialista nunca asistió.
¿Qué dicen las organizaciones?
“Esta iniciativa se inscribe en un contexto más amplio de autoritarismo en Paraguay, donde se observan otros indicios de cierre del espacio cívico”, plantea Hugo Valiente, coordinador legal de Amnistía Internacional en el país y sigue: “No es adecuado analizar la ley de manera aislada. Vemos cómo se les cierra la puerta a las organizaciones en instancias de participación conquistadas en los últimos 35 años de democracia”.
El especialista menciona múltiples casos de criminalización de personas que defienden derechos humanos y ambientales, inclusive de quienes ejercieron su derecho a la protesta. “Si bien este no es un fenómeno completamente nuevo, ahora se intensificó: la preocupación por esta ley es que forma parte de un marco más amplio, en el cual nos estamos convirtiendo en una sociedad autoritaria, menos pluralista y tolerante”, explica Hugo. Es decir, esta es una medida estratégica que eleva la apuesta: “Es un intento de generar un efecto intimidatorio que desanime a la gente a organizarse”.
Hugo Valiente expresa el consenso en todas las críticas a esta iniciativa: se constata imposición de restricciones que violan el derecho a la libertad de asociación. Esta ley establece disposiciones sumamente vagas que habilitan un margen excesivamente amplio de arbitrariedad en su aplicación. “Eso no solo afecta cómo se reglamentará, sino que también otorga a la autoridad mucho espacio para actuar a discreción”, afirma.
“Lo más perverso es que criminalizan o presentan como algo reprobable socialmente el ejercicio del derecho a participar. Se parte del hecho de que el deseo de involucrarse en el quehacer público, ya sea haciendo incidencia, monitoreando políticas públicas o denunciando la corrupción, se considera una posición sospechosa”, explicita Valiente.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, afirmó en un comunicado: “Las organizaciones, colectivos y movimientos de la sociedad civil son la piedra angular de la defensa de los derechos humanos y son una pieza clave para mantener la independencia de los poderes públicos y evitar la impunidad».
Codehupy es la red nacional de organizaciones de la sociedad civil para la promoción y defensa de los derechos humanos en Paraguay. El secretario ejecutivo de este espacio, Dante Leguizamón, expresó su preocupación por los riesgos que esta ley representa para el trabajo de dichas organizaciones.
«Uno de los principales problemas es la duplicación de registros y los mecanismos de control, que exigirán que parte del equipo de las organizaciones dedique tiempo valioso a cumplir con requisitos burocráticos innecesarios», afirmó. Además, señaló que la ley otorga al Estado la capacidad de exigir información sin justificación clara, lo que podría sobrecargar a las ONG con solicitudes y también «genera mucha incertidumbre sobre cómo se utilizarán esos datos».
Martín Burt, director ejecutivo de la Fundación Paraguaya (FP), se expresó sobre el mismo punto: “Esta ley nos obliga a duplicar nuestros gastos administrativos y financieros. Actualmente ya rendimos cuentas a más de 15 instituciones del Estado. Nos quita flexibilidad y capacidad de respuesta rápida a desafíos y oportunidades”.
Burt comparte un ejemplo muy claro: para cumplir con el reciente requerimiento de la Comisión Conjunta de Investigación sobre Lavado de Dinero —apodada Comisión Garrote— de qué, cómo, cuándo y dónde invirtieron fondos recibidos de EE. UU., la FP entregó nueve biblioratos con copias de informes y 1400 copias de comprobantes de gastos realizados durante tres años de ejecución del proyecto, un trabajo que implicó más de 255 horas, y ni hablar del costo económico. Imaginemos trasladar esta situación a todas las oenegés del país (al menos, las que no comulgan con las ideas de cierto grupo político).
Si esta información ya está a disposición en distintas entidades del Estado, ¿cuál sería el sentido de duplicar los controles? “¿Se considera en serio que las organizaciones civiles se han convertido en un gran peligro para la sociedad? ¿O se trata más bien de un intento de contar con una nueva herramienta legal que permita un control de tipo más arbitrario contra aquellas entidades que sean ‘molestosas’ para el poder de turno”, plantea el magíster Yan Speranza, director ejecutivo de la Fundación Moisés Bertoni.
“¿Significa esto que las organizaciones de la sociedad civil manejamos datos secretos? De ninguna manera, nosotros ya declaramos nuestras actividades a distintas entidades gubernamentales. La información requerida para controlar una eventual acción ilícita en este ámbito ya la tiene el Estado y la puede utilizar perfectamente si identifica una irregularidad, a través de los mecanismos legales correspondientes”, plantea Speranza e indica la salvedad de los datos que deben ser protegidos por derecho a la privacidad.
La ley también presenta riesgos para la privacidad de los beneficiarios, especialmente aquellos pertenecientes a grupos vulnerables, como pueblos indígenas o personas afectadas por VIH. «Solicitar datos sensibles sobre beneficiarios pone en riesgo a las personas que más necesitan protección», advirtió Hugo Valiente.
Sobre el mismo tema se expresó Maricarmen Sequera, abogada especializada en tecnología y una de las fundadoras de Tedic, entidad que tiene como área de trabajo la defensa y promoción de derechos humanos en entornos digitales con foco en desigualdades de género y sus intersecciones. «Esta ley pone de manifiesto la importancia de que las organizaciones protejan los datos personales de las personas que participan en sus actividades, aunque no tengamos una normativa específica al respecto», señaló.
Además, la preocupación no se limita solo al uso de datos personales. «El Estado nunca se ha hecho cargo de ciertos grupos vulnerables, y ahora nos piden que nuestras actividades sean aprobadas por ellos. Esto complica aún más nuestra labor, sobre todo con colectivos como la comunidad LGTBIQ+, que no cuenta con un reconocimiento pleno de sus derechos en Paraguay», agrega Sequera.
¿Cuál es el verdadero impacto de esta ley?
“Las sanciones que propone, especialmente para los directivos, son un ataque desproporcionado. Ya con ellas se cierra una organización”, advierte la abogada Sequera.
Si se reglamenta y se aplica, representará una amenaza muy grande para el espacio cívico. Los defensores de derechos humanos tendrán un terreno mucho más complicado y riesgoso que el de hoy. Esto se va a dar a través de muchas situaciones: la ley generará un entorno institucional hostil para gestionar la personería jurídica de las organizaciones y el acceso a recursos, especialmente aquellos que no son públicos.
Es muy probable que la entrada en vigor de esta ley produzca un efecto de desertificación en el ecosistema organizativo en Paraguay, que ya tiene un bajo nivel de participación en asociaciones. Hugo Valiente plantea que, en comparación con la región, acá la gente no está sindicada ni participa activamente en comisiones vecinales; esta cultura no tiene mucha penetración en el cuerpo social. “La ley contribuirá a que la escasa participación se reduzca más, lo que resultará en una sociedad más individualista, con menos espacios de interacción y construcción de sentido común”, vaticina el especialista.
En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil planean presentar acciones de inconstitucionalidad y seguirán denunciando los peligros de esta ley a nivel internacional. «Es una normativa que va en contra de los derechos humanos y la participación ciudadana», concluyó Dante Leguizamón.
Una traba para el apoyo internacional
Otra preocupación importante es la obligación de que las organizaciones internacionales que trabajan con Paraguay se inscriban en un registro local. «Esto puede dificultar la cooperación de instituciones que no tienen sede en el país, como varias de Alemania, Francia o Canadá», dijo Hugo Valiente, coordinador legal de Amnistía Internacional Paraguay. Esta exigencia, en última instancia, reduciría el apoyo y, para algunas oenegés más pequeñas, significaría el cierre.
¿Qué dice el Gobierno?
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó en el programa de tevé Cara o cruz, de Unicanal, cuanto sigue: “Hay dinero que viene para asistir a todos los paraguayos. El nombre de nuestro país se usa. Hay determinados actores del concierto de las naciones que quieren ayudar, a veces con buenas intenciones, otras para instalar una agenda”.
Lo que propone no es muy diferente a campañas anteriores instaladas por el mismo grupo político —recordemos la de “transformación educativa”—, que también provocaron una serie de conflictos internacionales y dejaron al país expuesto a cuestionamientos sobre su seriedad. La Unión Europea (UE) emitió un comunicado en donde expresó su preocupación por la desinformación generada y las consecuencias diplomáticas que el rechazo al acuerdo de financiación podría generar.
Recordemos que el presidente anunció en junio pasado la postulación de Ramírez Lezcano para la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el periodo 2025-2030. Esta institución se ha pronunciado en contra del avance de este tipo de normativas en otros países a través de su órgano consultivo, la CIDH.
Para la ley de la que hablamos hoy, el siguiente paso está en manos del presidente, Santiago Peña. El documento fue sancionado el 9 de octubre y remitido a la Presidencia el día 22. Según el artículo 205 de la Carta Magna, el Ejecutivo tiene, a partir del momento que recibe del Congreso la comunicación de la normativa, un plazo de 20 días hábiles para promulgarla o vetarla; de lo contrario, queda automáticamente vigente. A la fecha de cierre de esta edición (jueves 24 de octubre), Peña aún no se pronunció sobre el tema ni acusó recibo. En encuentros multilaterales, se muestra como alguien que busca el consenso democrático e incluso afirma trabajar activamente para ello.
Hasta el momento, el canciller Rubén Ramírez Lezcano tampoco se pronunció sobre la ley. Recordemos que el presidente anunció en junio pasado la postulación de Ramírez Lezcano para la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el periodo 2025-2030. Esta institución se ha pronunciado en contra del avance de este tipo de normativas en otros países a través de su órgano consultivo, la CIDH.
¿Qué dice el mundo?
Gina Romero, Irene Khan y Mary Lawlor, relatoras especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresaron su preocupación al Gobierno de Paraguay por esta ley. Al igual que otros referentes consultados para este artículo, destacan que podría restringir el derecho de asociación al incluir definiciones amplias y ambiguas, además de imponer requisitos de registro y uso de fondos que desalentarían la creación de nuevas organizaciones.
También advierten que el régimen de sanciones propuesto podría ser excesivo y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, lo que crearía un ambiente persecutorio para el sector. Además, el Colegio de Abogados de Nueva York ha criticado la ley por, potencialmente, violar derechos fundamentales, al igual que por su ambigüedad, pues permite interpretaciones arbitrarias.
El día jueves, 23 organizaciones civiles y empresariales emitieron una carta abierta en donde instan al veto. Entre las entidades que suscriben están Capace, CCPA, AMP, Fedemipymes, Apec, Dende, Pacto Global, Adec, Denide, Alda, SAP, Clap, Amcham, AsoBecal, Idea, Cisoft, Club de Ejecutivos, entre otros.
La presión internacional va en aumento y organizaciones como Usaid están reforzando su apoyo a la sociedad civil paraguaya. Shannon Green, administradora asistente de esta agencia de desarrollo de Estados Unidos, se reunió con actores de dicho sector para seguir impulsando la participación ciudadana y el combate a la corrupción. «Con orgullo y compromiso, Usaid apoya el trabajo de la sociedad civil siguiendo estos principios», afirmó la Embajada de EE. UU. en Paraguay a través de sus redes sociales, con lo que redobló el mensaje.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha alertado sobre los riesgos de esta legislación, que podría obstaculizar el funcionamiento de las OSFL y amenazar su autonomía financiera.
El día jueves, 23 organizaciones civiles y empresariales emitieron una carta abierta en donde instan al veto. Entre las entidades que suscriben están Capace, CCPA, AMP, Fedemipymes, Apec, Dende, Pacto Global, Adec, Denide, Alda, SAP, Clap, Amcham, AsoBecal, Idea, Cisoft, Club de Ejecutivos, entre otros.
Calificación del grado de inversión
El grado de inversión es una calificación que se otorga a deudores con baja probabilidad de incumplir sus pagos, para indicar que un país es confiable. Las principales calificadoras a nivel mundial son Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que evalúan la calidad crediticia de naciones y empresas. En julio, Moody’s mejoró la calificación de Paraguay de Ba1 a Baa3, con lo que se logró el grado de inversión por primera vez y fue celebrado por el equipo del presidente Peña.
Recientemente, Fitch Ratings mantuvo la calificación de Paraguay en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, al destacar su política macroeconómica prudente. Sin embargo, el informe también señala importantes desafíos para el país, como la débil gobernanza, una base tributaria limitada, un mercado de capitales poco desarrollado y una alta vulnerabilidad a choques climáticos. Además, Fitch expresó preocupación por las libertades civiles en Paraguay, especialmente en relación con la ley de control de las ONG, que podría restringir la libertad de asociación y expresión.
La tarea de la democracia
La democracia es un proceso dinámico que requiere la participación activa de todos los sectores sociales, incluidas las organizaciones sin fines de lucro. No se limita a la celebración de elecciones; implica el respeto a la pluralidad de opiniones y la promoción de un diálogo constructivo.
Las regulaciones que buscan mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito de las ONG pueden ser vistas como un intento de fortalecer el marco democrático, pero si no están bien redactadas y no son fruto de un proceso de consulta y trabajo conjunto, es posible que se trate de un intento de mordaza legal. Es fundamental encontrar un equilibrio que garantice tanto la integridad del sistema democrático como el espacio necesario para que todas las voces sean escuchadas y consideradas.
“No debemos callarnos”, afirma finalmente Martín Burt, mientras describe la escalada de autoritarismo que planteó este Gobierno en solo dos años, como la expulsión de congresistas, la persecución a la prensa y a las oenegés, y vaticinó futuras censuras: “Estamos sufriendo el estronismo sin Stroessner”.
En este punto solo toca recordar las palabras del pastor luterano alemán Martin Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.
La ley en cifras
- 80 organizaciones firmaron un manifiesto conjunto de rechazo a la ley.
- 23 entidades más solicitaron al Ejecutivo el veto de la ley sancionada.
- 20 días hábiles tiene el presidente para promulgar o vetar. Al momento de cierre de esta edición (día jueves 24), aún no se pronunció al respecto ni acusó recibo.
- 12 son (por lo menos) las instituciones paraguayas a las que las OSFL ya rinden cuentas antes de la promulgación de esta ley.
- 6 versiones tuvo la ley antes de ser sancionada por el Senado paraguayo.
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