Energía, desarrollo, territorio y soberanía
Las elecciones de este año serán históricas. Sin importar el resultado, cambiarán —o profundizarán— el rumbo de nuestro país. En esta edición tomamos muy en serio la tarea de analizar, en parte, algunas aristas de los desafíos que tendrá el Gobierno que será elegido por voto popular el día de hoy. Y en ese punto, Itaipú es clave.
Por Laura Ruiz Díaz. Collage de tapa: Gaby García Doldán. Agradecimientos: Cecilia Vuyk y Lis García.
El 2023 es un año histórico para el Paraguay, un momento bisagra por varias razones. En primer lugar, por la crisis económica internacional, resabio de la pandemia de coronavirus, que afectó especialmente a nuestro país y dejó a miles de personas en la indigencia. Antes de 2020, más del 15 % de los hogares del país estaban empobrecidos por motivos de salud; después, la cifra se elevó aún más.
También, la débil y todavía incipiente democracia paraguaya, tambaleante por escisiones dentro de distintos partidos y frentes.
Mientras, estas elecciones están marcadas por la intervención norteamericana a través del formato de las declaraciones de significativamente corruptos. Claro que no podemos reducir la realidad histórica social a estos hechos, pero es necesario mencionarlos.
En tercer lugar, la razón de nuestra nota de tapa: estamos ante el hito que puede marcar un antes y un después. Este año electoral se ve afectado por una cuestión que va más allá de cualquier partido político, pero donde estos tienen mucho que ver: Itaipú.
El país posee nada más y nada menos que la mayor hidroeléctrica del mundo en generación de energía eléctrica y la segunda en términos de potencia instalada. Con 14.000 MW de potencia instalada y 20 unidades generadoras de 700 MW cada una, ha producido más de 2,7 millones de GWh.
Es de las mayores empresas de la región en cuanto a caudal financiero: desde el inicio de sus operaciones hasta el 2021, Itaipú ha generado USD 97.331,7 millones por la venta de la energía producida. Uno de los aspectos que no podemos descuidar es el territorio y los recursos naturales que ocupa, si consideramos los 1350 km² de territorio inundado por el embalse, que se suman a las más de 63.000 hectáreas de reserva.
Según la memoria de la hidroeléctrica, el suministro durante el ejercicio 2021 fue de 65.996 GWh. De este total, 15.799 GWh se destinaron a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), equivalentes a 1804 MW en promedio, lo cual atiende al 85,5 % de la demanda del mercado local; y 50.197 GWh a Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras), unos 5730 MW, el 8,4 % de lo que se consume en Brasil.
Son dos las cuestiones clave a considerar: el tratado firmado durante la última dictadura militar podrá revisarse después de medio siglo y, por otro lado, se culminó el pago de la millonaria deuda de Itaipú, contraída para la inversión en su construcción, más una serie de componentes debido a diferentes cargos financieros y reajustes de la obra —cabe mencionar que este endeudamiento fue declarado espurio e ilegal por la Contraloría General de la República en 2021—. Hoy, la entidad está completamente amortizada y el costo de producción de la energía es mucho más barato y eficiente.
A días de llegar a los 50 años del Tratado de Itaipú, lo principal es construir una estrategia nacional que posicione los temas centrales relacionados con los recursos que genera. Es fundamental cuestionar a quiénes beneficia hoy y hacia dónde queremos que vaya, para no perder esta oportunidad de caminar hacia el desarrollo.
El penal decisivo
Si imaginamos que vamos a definir un penal, en un partido de fútbol, nuestra decisión dependerá de lo que pensamos que hará el arquero (y para él, lo mismo). No sería lo mismo que, por ejemplo, tirar una flecha al blanco a 50 metros de distancia, pues en ese caso lo único que importará será la habilidad con el arco. La Teoría de Juegos estudia el comportamiento estratégico de los agentes al momento de interactuar con otros agentes. Se trata de una herramienta que ayuda a tomar buenas decisiones.
Joel López es ingeniero electricista, docente e investigador. De él tomamos prestada la metáfora futbolística para ilustrarnos sobre la Teoría de Juegos y, de paso, nos explicó cómo aplicarla para las negociaciones de Itaipú, su tema de tesis.
“Las negociaciones de Itaipú, al haber una dependencia típica entre dos jugadores, Paraguay y Brasil, son objetos de estudio para la Teoría de Juegos”, arranca. Según indica, hay componentes que en el contexto histórico han sido foco de discusiones y negociaciones importantes, como la Compensación por Cesión de Energía (CCE). En la investigación llamada Análisis de Compensación por Cesión de Energía en Itaipú Binacional aplicando Teoría de Juegos, examinaron la situación dentro de este marco teórico.
En el material se hace una reestructuración de las soluciones posibles en el contexto de la compensación que recibe Paraguay por ceder parte del 50 % de la energía que le corresponde. El tratado explicita que Brasil tiene derecho preferencial a adquirir la energía “excedente” y, de hecho, es el único comprador posible. ¿Por qué? Seguí leyendo.
Ahora bien, la pregunta esencial es por qué a Paraguay le sobra energía mientras importamos combustible fósil, y la respuesta no sorprende: por un déficit en la infraestructura requerida para recibir esa electricidad y la falta de fomento industrial nacional que la utilice. Y aquí viene el quid de la cuestión: ¿quién sí la aprovecha? Las grandes empresas —generalmente multinacionales— ubicadas en Brasil.
Según López, “Paraguay tiene un superávit energético, lo que lo convierte en un país clave en la región. Pero no cuenta con las condiciones necesarias para utilizar esta energía para expandir industrias que generen trabajo digno, debido a la falta de infraestructura, voluntad política y seguridad jurídica”. Aun así, existen oportunidades de desarrollo energético en una eventual mesa de negociación, sobre todo en lo que se refiere a la revisión de la tarifa y la compensación por cesión de energía.
El ingeniero también destaca la importancia de valorar el excedente de Paraguay con precio y no con compensación, y de abordar los desafíos técnicos y financieros para garantizar que el país reciba un pago justo por la energía generada.
¡Falta, profe!
Arturo Cano es licenciado en Electricidad por la Facultad Politécnica de la UNA, educador popular y, además, interviene como actor político en distintas luchas gremiales y sociales. En una entrevista con Pausa, acompañado de un café y unas hojas en blanco que muy pronto llenó de notas y datos, nos ofreció un paneo general de los actores políticos que intervienen en esta disputa.
Comienza con una crítica incisiva: “El Gobierno de Mario Abdo Benítez tiene antecedentes de posicionarse de forma favorable a los intereses del Brasil y esto se refleja en el acuerdo secreto de 2019. Además, hay ciertos hechos consumados que posibilitan una negociación del tratado mucho más favorable hacia los intereses brasileños que paraguayos; por ejemplo, la reducción de las tarifas del país vecino”.
El acuerdo de Mario Abdo Benítez, firmado el 24 de mayo de 2019, revierte el reparto de la energía de Itaipú pactado en 2009 entre el entonces presidente brasileño Lula da Silva y Fernando Lugo. Esa negociación había triplicado la compensación para Paraguay hasta alcanzar los USD 360 millones por año, lo que implicó una ganancia adicional de unos USD 240 millones anuales. ¡Con razón Marito lo mantuvo en secreto!
Por otro lado, el licenciado cuestiona el precio de la energía eléctrica y pone énfasis en la ilegalidad de la deuda contraída. “No hubo ningún avance ni posición estratégica de parte del Gobierno para buscar transparencia en el origen de esa deuda para que Paraguay reclame todo lo que estuvo pagando de forma espuria”, manifiesta.
Una cuestión clave que plantea Arturo es la de la binacionalidad y allí hay dos aristas: el territorio, que pocas veces es tenido en cuenta e incluso es escenario de prácticas militares brasileñas, y el manejo político, que hoy está velado.
Nuevas oportunidades de gol
Campaña Itaipú ñane mba’e
Cecilia Vuyk es politóloga, docente e investigadora en temáticas vinculadas a Itaipú, la relación Paraguay-Brasil y el desarrollo nacional. Integra la campaña Itaipú ñane mba’e-Por la soberanía nacional y nos habla sobre la oportunidad histórica del 2023. “Itaipú es una llave para el desarrollo nacional, y para dar ese salto de calidad que nos conduzca a un futuro de bienestar y prosperidad”, afirma con convicción.
La investigadora describe la hidroeléctrica como un ejemplo de lo que podemos lograr: “Un orgullo nacional de la ciencia y la tecnología, que tiene hoy el desafío de cambiar su manejo político, para que toda la riqueza y producción generada deje de ser tranca y se vuelva palanca de desarrollo”.
Cecilia concuerda en que este es un año fundamental: el pago de la deuda espuria y la posibilidad de renegociación son claves: “La agenda de Paraguay y Brasil, y los ojos de la comunidad internacional están puestos en Itaipú, en el camino que tomará en el futuro y las negociaciones sobre este tema estratégico para la región y el mundo”.
“Lo que hagamos como país con esta oportunidad histórica será ejemplo para futuras negociaciones a nivel mundial”, indica y agrega: “Si lo hacemos bien, no solamente ganaremos en desarrollo, sino que Paraguay crecerá en su reconocimiento mundial”.
Uno de los puntos que ella identifica es que la negociación de 2023 no se dará en una mesa oficial con equipos que trabajan en un plan estratégico, sino que “ya está pasando y los gobiernos la llevan adelante como un rompecabezas, con decisiones tomadas en instancias intermedias como el Consejo de Administración o la ANDE”.
Así, parecería que el Paraguay carece de una estrategia seria, transparente y responsable. “El Gobierno saliente siguió los intereses extranjeros y dejó al país de lado”, declara.
Otros planteos tienen que ver con el manejo político de la entidad: quién decide, cómo y dónde se toman las decisiones, quién y cómo se maneja el presupuesto. “El gobierno de Itaipú, hoy blindado a partir de la llamada binacionalidad, debe transparentarse y cambiar, para que los estados lo manejen soberana e independientemente”, sostiene.
En palabras de la investigadora: “El pago de la deuda corrupta nos ha dejado la lección de que, si no cambiamos ese manejo político, seguirá estando blindado y a merced de los intereses extranjeros, e incluso beneficios que se puedan lograr —como mayores fondos— seguirán sirviendo a otros y no al pueblo paraguayo”.
Las principales reivindicaciones de la campaña son el aumento de los fondos para el desarrollo, el mayor uso local de nuestra energía y su venta a los mercados extranjeros a precio de mercado. “Es un imperativo estratégico colocar el corazón del problema de Itaipú sobre la mesa, y cambiar el manejo político de la entidad”, establece.
Eso significa que las decisiones de lo que hace Itaipú del lado paraguayo las tome de forma soberana el Estado, a través de sus órganos responsables; que el presupuesto del lado nacional ingrese al Presupuesto General de Gastos de la Nación; y que el manejo y las finanzas sean transparentes, rindan cuentas a la ciudadanía y puedan ser auditadas a través de la Contraloría General de la República.
Itaipú, causa nacional
Mercedes Canese es ingeniera industrial especializada en Energía. Realizó distintas investigaciones y es asesora en estudios de costo y factibilidad. Fue directora de Recursos Energéticos en 2008 y viceministra de Minas y Energía entre 2010 y 2012. Lleva adelante la campaña Itaipú, causa nacional, que en estas líneas te contamos de qué se trata.
Ella identifica el tratado firmado en la dictadura militar como la entrega de nuestra soberanía hidroeléctrica: “Subsidiamos el desarrollo industrial de San Pablo y Buenos Aires con nuestra energía, mientras que aquí la cobertura fue bajísima hasta terminar el gobierno de Stroessner (30 %), y la primera tarifa social fue ley por presión de organizaciones campesinas y sociales recién en 2004”.
En su opinión, el Gobierno que asuma el 15 de agosto debe ejercer la soberanía y contratar el 50 % de la energía de Itaipú y Yacyretá, para licitar, en territorio nacional, con leyes y a través de la ANDE, los excedentes que no usamos: “Desde esa posición, revisar el Anexo C, que establece las condiciones técnicas y económicas de la producción”.
El requisito, en su opinión, es que debe haber un equipo negociador patriota que corrija el rumbo histórico de entrega tomado por Paraguay. Además, plantea que las negociaciones han de ser públicas para que la participación ciudadana garantice la transparencia del proceso. Nuestro país tiene de su parte argumentos muy poderosos, como la aplicación del Acta de Foz de Yguazú, el Tratado de Itaipú y el Acuerdo Lugo-Lula, que lo interpreta en forma justa.
Itaipú, según consultoras de clase mundial contratadas para realizar su estudio de factibilidad, debió costar USD 2033 millones y terminamos pagando USD 63.500 millones. “Fue un negocio financiero para Brasil, principal prestamista, y la excusa que usaron para no dejarnos ejercer la soberanía (que ellos pusieron la plata) es una total falacia”, asegura la especialista. Urge revisar esta cifra y exigir que se devuelva lo que pagamos de más todos los paraguayos: “La deuda, si consideramos todo lo que abonamos de más, debió terminar en 2008, así que ahí tenemos como mínimo 14.000 millones de dólares que reclamar, 1000 millones de dólares por año que pagamos de más desde entonces”.
¿Qué elementos deberían incluirse en la renegociación? Para Canese, se resume en seis puntos. Uno, la soberanía hidroeléctrica, a ser ejercida por la ANDE (el Estado paraguayo): exportación a precio justo, de mercado, tanto al Brasil como a la región, en el caso de la energía que no podamos consumir; dos, la devolución de la deuda espuria de Itaipú; tres, el resarcimiento de la deuda ambiental y social, particularmente con comunidades indígenas y el ecosistema nativo; cuatro y cinco, efectiva cogestión y alternancia, incluyendo el 50 % de fondos de Itaipú depositados en Bancos Paraguayos (BNF), más una absoluta transparencia; seis, terminar las obras faltantes y la ampliación.
Es clave trabajar con toda la ciudadanía y también reivindicar la propuesta paraguaya en espacios multilaterales como el Mercosur, Unasur, Celac, Olade, OEA, ONU o Irena. “El mundo debe conocer el reclamo de Paraguay y tenemos que buscar la solidaridad incluso de actores sociales del propio Brasil, como hicimos en 2008”, manifiesta.
Paraguay no debe desaprovechar esta oportunidad para, justamente, ejercer su soberanía y garantizar un acuerdo justo. “En términos económicos, hablamos de 3500 millones de dólares por año que podemos obtener de renta eléctrica, fundamental para nuestro desarrollo sin endeudamiento”, finaliza.
Itaipú también es soberanía
Un factor fundamental para el desarrollo de un país es la disponibilidad de energía abundante, y nuestro país la posee. Para la campaña Itaipú también es soberanía-PPP, esta riqueza actualmente no es aprovechada suficientemente, por falta de una política soberana que impulse verdaderamente el desarrollo nacional.
Ermo Rodríguez es vocero de la campaña, docente y dirigente político, social y sindical. Plantea que los desafíos del nuevo Gobierno tendrán que ver con ejercer una soberanía en el potencial hidroeléctrico del Paraguay, disponer la totalidad de la energía tanto para uso interno con costos legítimos como para la venta a precio justo.
“Debería conformarse un equipo negociador con profesionales altamente calificados, éticos, honestos y patrióticos, que defiendan los intereses del Paraguay, en el marco de un proceso de absoluta transparencia y participación de la población. Es necesario un Plan Estratégico Energético para el desarrollo industrial del país, plantear las necesidades de infraestructura para producir, distribuir y utilizar la energía, de modo a orientar la negociación con claridad y elementos bien concretos”, opina. Para esta campaña, la deuda debe ser revisada y auditada. La Contraloría General de la República ya hizo un informe al respecto y encontró irregularidades que hasta hoy no se tomaron en cuenta.
La soberanía paraguaya sobre Itaipú debe ejercerse con transparencia, información y participación: “La población debe tener información clara y permanente sobre los procesos de negociación; se debe involucrar al Congreso, los medios de comunicación, la sociedad civil y las comunidades locales organizadas, para impulsar el debate permanente y la movilización por los intereses del país”, sostiene el dirigente.
¿Cómo? La campaña propone difundir información clara, sencilla y transparente sobre los procesos de negociación; impulsar el debate a través de medios de comunicación; realizar foros regionales y locales sobre soberanía hidroeléctrica. Y lo que a todos y todas nos interesa: “Debemos sensibilizar y movilizar a la población a través de la exigencia de una tarifa de acceso barata”. Además, según Ermo, es necesario que los recursos provenientes de la binacional sean destinados prioritariamente a la producción primaria de alimentos y a una política para el abastecimiento de paraguayos y paraguayas. “Existen comunidades, especialmente indígenas, que aún no acceden a la energía eléctrica, por mencionar lo básico, y ni hablar de las posibilidades de desarrollo que se potenciarán si defendemos el derecho soberano sobre la producción de Itaipú”, plantea.
Insta a no descuidar la política de protección a las comunidades indígenas y campesinas de los territorios que bordean el área del embalse para garantizar la producción, pero también el medioambiente saludable que mantenga la estructura y el funcionamiento de la represa. “Estas comunidades son estratégicas para preservar y conservar la zona, pero para eso debe haber política de Estado hacia estos pueblos locales”, afirma.
A cuidarse del gol en contra
¿Alguna vez te dijeron que tenés que cuidar tu energía? Bueno, ahora es en serio. En este partido se juega nuestro futuro. El licenciado Arturo Cano nos explicó que desde el 2021, Paraguay lleva adelante un Plan Maestro de Energía Eléctrica Nacional. No es necesario explicitar que hay una relación directa entre este e Itaipú.
En términos sencillos, el plan representa toda la instalación eléctrica nacional que parte desde las hidroeléctricas a las subestaciones (transmisión), de estas a las líneas que corren por la vía pública y acceden a los domicilios e industrias (distribución), y la potencialidad que nos ofrece este momento histórico de disponer de toda nuestra energía.
“Nuestro Sistema Interconectado Nacional se prepara con el plan maestro para recibir absolutamente toda la potencia instalada”, plantea. Una sumatoria rápida arroja que Itaipú genera 7000 MW; Acaray, 200 MW, y Yacyretá, 1600 MW. Resultado: 8800 MW. Eso sin contar los casi 25 MW de otras fuentes de energía, como la biomasa.
Hasta ahí venimos bien. Recordemos que, en promedio, la ANDE consumiría alrededor de 2050 MW según el informe citado anteriormente. “Hay una serie de hechos que resultan llamativos, como mínimo, que tienen que ver con el uso que se le va a dar a esta energía que pretendemos manejar en su totalidad”, plantea Arturo. La ANDE abrió una recepción de cartas para solicitar bloques de energía (destinada generalmente a fuentes que requieren mucha potencia) y recibió 23 misivas hasta el 31 de mayo de 2022. Según Cano, se presentaron empresas de criptominería, plantas de generación de biomasa (Paracel) y de hidrógeno verde (Atom Energy). Todos, capitales extranjeros.
“Si tomamos en cuenta solo estas manifestaciones, la demanda es de 6000 MW. Sería básicamente utilizar el 66 % de lo que se dispone, es parte de una línea del Gobierno Nacional actual de que las empresas extranjeras se instalen en nuestro país y hagan un uso local de nuestra energía”, analiza. Pero el lucro se va afuera y se dejan de lado potencialidades de industrialización que creen puestos de trabajo locales.
A defender la camiseta
Algo en lo que las tres campañas y todos los especialistas consultados coinciden es que el dinero que genera Itaipú debe formar parte del Presupuesto General de Gastos de la Nación, y es necesario un control público de esos recursos.
Al final, quedamos con una retahíla de preguntas. ¿Acaso no estamos ante un tratado firmado durante una dictadura que buscó perpetuar los beneficios para unos pocos? ¿Respeta los precios de mercado? ¿Quiénes realmente pagaron el endeudamiento y quiénes se beneficiaron de tarifas preferenciales de energía? ¿No debería desecharse y plantear uno con nuevas reivindicaciones? La lista puede seguir por varias páginas.
La realidad es que el Gobierno nacional que hoy todos y todas vamos a votar debe tener en el centro de su agenda este tema. Y a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, nos corresponde ser contralores de la gestión que hace el Estado de nuestros recursos.
Las elecciones del Brasil, con el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, abren las puertas —o por lo menos un resquicio— a nuevas oportunidades de negociación que permitan un carácter más justo, para que Itaipú se convierta en lo que siempre debió ser: la oportunidad histórica de desarrollo. El penal decisivo queda en nuestra cancha.
Las cifras:
– 14.000 MW de potencia instalada.
– 20 unidades generadoras de 700 MW cada una.
– 2,7 millones de GWh producidos, por lo menos.
– 97.331,7 millones de dólares generados por la venta de energía hasta 2021.
– 1350 km² de territorio inundado por el embalse.
– 63.000 hectáreas de reserva.
– 63.500 millones de dólares costó la construcción.
– 2033 millones de dólares debió costar, indican estudios.
– 4193 millones de dólares de la deuda fueron ilegales, según la CGR.
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