El enigma de la ausencia
En esta isla rodeada de tierra de la que habló nuestro premio Cervantes, cada
día es una lucha constante ante el abandono de quienes deberían cuidarnos. Hoy hacemos una parada dura pero sumamente necesaria para conocer la lucha de miles de familias por volver a estar completas. Entre tanta tragedia, la perseverancia desafía al olvido.
Por Laura Ruiz Díaz. Dirección de arte: Gaby García Doldán. Imágenes: cortesía de Jazmín Pintasilgo.
Agradecimientos: agencia Kokû y Edu Vago
Los que padecemos la ausencia de un ser querido conocemos bien la magnitud de ese vacío. Cada día, la dolorosa incertidumbre sobre su destino puede envolver por completo nuestra existencia, y es aún más agobiante al constatar la aparente indiferencia del Estado, renuente a forjar políticas concretas encaminadas a solucionar el problema.
En esta nota, nos vamos a encontrar con diferentes testimonios de los que trabajan en la búsqueda de quienes nos faltan. Es una parte de la historia de familias luchadoras que desafían el olvido con trabajo y organización. Como siempre, este reportaje llevó una ardua labor en cuanto al acceso a datos concretos y variedad de fuentes, así como de rigurosidad en la verificación, endurecida por la carencia de un registro público.
Datos duros
Según informaciones proporcionadas por el Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional de Paraguay a la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), durante el 2022 hubo 2479 denuncias por esta situación. De ellas, el 49,1 % (1216) fueron mayores de edad y 50,9 % (1263), niñas, niños y adolescentes (NNA).
Este año, para el mes de setiembre, había más de 1644 denuncias de personas desaparecidas —y cabe preguntarnos cuántos casos más sin denunciar—. De acuerdo con el Departamento de Estadística de la Policía Nacional, hasta julio del 2023, las regiones más afectadas fueron Central, el área metropolitana, Alto Paraná y Caaguazú. La franja de edad más propensa es, en primer lugar, de 13 a 17 años, y en segundo, de 18 a 29.
En cuanto a diferenciación por género, el resultado es espeluznante. Si hablamos de adultos, la mayoría es de sexo masculino. Pero en el caso de menores, predominan las mujeres —mejor dicho, niñas—, situación que se repite en 16 de los 17 departamentos.
Hasta encontrarles
La Asociación de Familiares de Desaparecidos en Paraguay (FDDPY) se creó en 2022 por iniciativa de un grupo de madres que buscaba a sus hijos. “Solamente una familia entiende a la otra, cómo es vivir sin saber dónde está esa persona; por eso nos unimos”, cuenta Isabel Streski, la presidenta. “Entre nosotros logramos apoyarnos y encontrar contención ante la falta”, agrega.
Con cada lluvia fuerte o golpe de calor, los familiares se preguntan si la persona que les falta estará bien o si habrá encontrado refugio. Si hace frío, cómo se estará abrigando. “En mi caso, bajé 12 kilos, porque cada vez que voy a comer pienso en si él habrá comido. Nosotras sabemos cómo es el dolor”, cuenta. Y así como ella, cada una de las más de 1600 familias atraviesa esa tortura.
El estudiante brasileño Antonio Augusto Streski Manjinski desapareció de su hogar de Mariano Roque Alonso el 14 de octubre de 2022; en solo seis días se cumple un año sin novedad. Su madre, Isabel Streski, vino a Paraguay a seguir el paso de su hijo. Al llegar, se encontró con algo que las y los paraguayos vivimos todos los días: la ausencia total del Estado. Al denunciar, fue ignorada por la Fiscalía barrial, e incluso catalogaron a Augusto como microtraficante para vincularlo con su desaparición.
Para Isabel, es imposible. Augusto estaba en el cuadro de honor de la Facultad de Medicina de su universidad y era un joven amoroso, cuidadoso y atento, que prestaba mucha atención a su salud. Y aunque no fuera ese el caso, el Estado tiene que ubicarlo de todas formas. “Muchas familias deben afrontar los prejuicios”, afirma Isabel. “Días atrás, una fiscala le dijo a una madre de nuestro grupo: ‘Hay que aceptar que tu hijo es adicto’. No es así. Es una vida”, relata. En medio de la desesperación, ella encontró fuerzas en el colectivo y ahora busca a cada una de las personas desaparecidas como a su hijo.
“Casi 70 % de los desaparecidos son niños. ¿Será que todos ellos son adictos? ¡Claro que no!”, remarca Streski. “Hay tantas cosas que debemos ponernos a pensar, como por qué en el rango de 0 a 12 años, la mayoría son varones, y de 13 a 18, niñas… Hay una cosa que está pasando con nuestras criaturas y la sociedad no se da cuenta”, remarca. “Si los índices de desaparecidos estuvieran conectados con la droga, PJC tendría la mayoría de los casos, pero la zona roja está en el departamento Central: Asunción, Limpio, Mariano Roque Alonso y Areguá”, sostiene. En estos 11 meses de trabajo, la asociación ya ha enfrentado de todo, desde malentendidos jocosos hasta historias trágicas que, por seguridad de las personas implicadas, no podemos publicar. “Encontramos abuelitos que desaparecieron y finalmente los habían asaltado y asesinado”, cuenta.
Y en estos casos es donde la sociedad necesita tener más empatía. Si vemos a una persona mayor que tiene problemas de ubicación, es necesario intervenir. Lo mismo con los niños pequeños que suben a un colectivo. Y ni hablar de los casos de intoxicación, en los que una pregunta puede salvar una vida. En su momento, también vimos el caso de Juliette Le Droumaguet (apodada Yuyu), la niña de siete años desaparecida en Emboscada en medio de sospechosas circunstancias. Hoy, sus familiares la siguen buscando.
Los casos de Yuyu y Augusto llegaron a la prensa, pero hay más de 1600 que se funden en el dolor del anonimato, que muchas veces significa, directamente, la desidia en la búsqueda. Para los familiares de desaparecidos, lo más importante y necesario es contar con un protocolo actualizado y un sistema de alerta nacional. Pero, además, necesitan el acompañamiento ciudadano. Como sociedad, tenemos el deber de cuestionarnos qué es lo que está pasando en nuestro país y exigir una solución.
Una epidemia silenciosa
Para Alicia Amarilla, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri), cuando desaparece alguien, sobre todo una mujer del campo, hay una gran posibilidad de que estemos ante un caso de trata de personas. Y la trata —tanto con fines de explotación sexual como laboral—, como miles de organizaciones humanitarias vienen denunciando hace décadas, está íntimamente relacionada con el narcotráfico y, como tal, con las redes de poder.
Su experiencia, en el pueblito de Repatriación (Caaguazú), es que los jóvenes no hallan futuro y se ven obligados al exilio voluntario, sin ninguna garantía. Las familias campesinas ya no tienen tierra para cultivar; estudiar se vuelve una odisea por la falta de escuelas, y a la hora de buscar trabajo, no existen opciones. Generalmente las hijas mayores se trasladan a los centros urbanos o a las ciudades para emplearse en trabajo doméstico a fin de ayudar a sus padres. En este proceso, les pierden el rastro: “A veces están por Asunción y ya no pueden volver, pero otras desaparecen realmente”.
“Van a buscar trabajo a Brasil o Chile en temporada de cosecha y se pierde contacto. Los jóvenes no vuelven y las familias no denuncian por falta de recursos para ello”, sostiene. “A veces terminan trabajando en campos de marihuana, en el norte, y ya no regresan, ¿cómo denunciar esos casos?”, cuestiona y sigue: “La gente tiene miedo de reportar”.
Migran a otros países sin documentos, entonces no hay un registro que permita hacer un seguimiento de su paradero. Muchas veces terminan en situaciones de trabajo sumamente degradantes y en condiciones de vida paupérrimas.
«La ruta del narcotráfico es la ruta de la trata, pero también lo es la del agronegocio, porque muchas veces escuchamos que vienen los camioneros de la soja y se llevan a las nenas a otro lado», afirma Alicia Amarilla. “Nadie quiere trabajar sobre el tema de trata de personas, es peligroso porque te metés con los grandes”, plantea. Hasta octubre del 2022, la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños y Adolescentes atendió 153 casos, 127 niñas y, el resto, varones.
Se estima que existen más de 450.000 víctimas y 300.000 presuntos tratantes, detectados a nivel mundial, entre 2003 y 2021, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
2479
Fuente: Departamento de Estadística de la Policía Nacional
denuncias de personas desaparecidas en 2022.
1644
denuncias de personas desaparecidas hasta setiembre de este año.
Renombre internacional
En 2020, las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) abatieron a dos miembros de la agrupación guerrillera EPP, e incluso el expresidente Mario Abdo Benítez se acercó a tomarse una fotografía triunfal. Poco tiempo después, el mundo se enteró de que se trataba de María Carmen Villalba y Lilian Mariana Villalba, ambas niñas de solo 11 años. En ese mismo procedimiento, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba quedó herida y se refugió en el monte junto con su tía, Laura Villalba, quien pronto le perdió el rastro.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se investigara el operativo militar en 2021. Y varios representantes de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron al respecto. El 22 de junio de 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU envió al Estado paraguayo una serie de cuestionamientos y recomendaciones en relación con la Acción Urgente n.° 1006 que esta instancia tramita desde 2021 por el caso de la niña. El organismo pide una investigación imparcial, enfatiza las sospechas de una desaparición forzada y pide transparencia y participación de organismos de DD. HH. en las tareas de búsqueda, así como garantías para la participación de sus familiares. Las menores son ciudadanas argentinas, por lo cual incluso se dio un pedido de parte de la Cancillería del país vecino. Hasta la fecha, no se sabe del paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba ni se han encontrado responsables.
Si vos me preguntás cuáles son los efectos colaterales de la desaparición forzada, te puedo decir claramente que el miedo, la impunidad y la corrupción, males que aquejan hasta hoy a nuestro país”
Doctor Rogelio Goiburú.
Anive hag̃uã oiko
Alfredo Stroessner hizo uso y abuso del poder durante más de tres décadas, la dictadura más larga del siglo XX en territorio latinoamericano. El largo proceso represivo comenzó el fatídico 4 de mayo de 1954, fecha que marcó el principio de 35 años de detenciones, torturas, secuestros y asesinatos. Fueron tan impunes que hasta dejaron documentación oficial: los Archivos del Terror, prueba irrefutable de la veracidad de lo ocurrido.
Ante estos hechos, en el 2003 se creó la Comisión de Verdad y Justicia, con el fin de investigar violaciones a derechos humanos realizadas durante el régimen, y también posteriormente. Si bien en principio su función no era específicamente la investigación de desaparecidos, después de 1200 testimonios fue claro que ocurrieron.
“Las pruebas testimoniales conducían al más aberrante de los crímenes de violaciones de derechos humanos”, manifestó Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica y Reparación de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y coordinador del Equipo Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas por el Stronismo entre 1954-1989 (Enabi). La vinculación con un sector social, por ejemplo, las Ligas Agrarias o el movimiento estudiantil; político, como los partidos de oposición; o armado, fue el motivo determinante para perpetrar violaciones de derechos humanos.
Aquí se presenta una cantidad importante de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, desde el secuestro (detención sin orden judicial), pasando por la tortura (la mayoría de los casos), hasta el asesinato. Y luego el hecho de ocultar los cuerpos para que no fueran hallados e, incluso, exhumarlos y cambiar de sitio las fosas comunes.
Y ese es considerado el daño más importante. “Si vos me preguntás cuáles son los efectos colaterales de la desaparición forzada, te puedo decir claramente que el miedo, la impunidad y la corrupción, males que aquejan hasta hoy a nuestro país”, afirma Goiburú. Explica que el delito no era realizado de forma aislada, sino que había un sistema y “una metodología que fue pensada, planificada, ejecutada y financiada para producir ese daño en las organizaciones, en las familias y en la sociedad”.
“Nunca vamos a saber la cantidad de desaparecidos”, lamenta Rogelio. Las razones son diversas, pero para empezar, por el miedo a la Justicia debido a la impunidad. Y también el hecho de que los procesos están centralizados en Asunción, lo que obliga a los habitantes de comunidades rurales a desistir de cualquier intento. Abrir un caso y llevar adelante esos trámites implica un gran costo económico.
“No debemos olvidar la cantidad de líderes indígenas secuestrados y desaparecidos para que el Estado ocupe sus tierras”, recuerda. En la dictadura, 7.851.295 hectáreas quedaron en manos de 3336 familias, las famosas tierras malhabidas; 32,7 % del terreno arable del país se entregó irregularmente a personas no sujetas a la reforma agraria.
Hay preguntas que nunca serán respondidas: ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Pero podríamos empezar a pensar en los responsables, los que deben pagar por los crímenes cometidos no solo contra los desaparecidos, sino contra la sociedad toda. Y siempre habrá personas como Rogelio y todo el equipo humano que lo acompaña, buscando.
La última excavación realizada fue en Caaguazú. El 8 de marzo de 1980, campesinos de Acaraymí fueron perseguidos y masacrados por militares y civiles. A 43 años de la salvaje represión, los cuerpos de 10 asesinados nunca se encontraron. Se dijo que en la zona hay fosas comunes, razón por la cual se buscaron los restos en el área desde octubre a diciembre del año pasado, donde encontraron balas y objetos pertenecientes a las fuerzas represivas… pero no los restos.
“Ahora se abre otro gran espacio de investigación porque recibimos información de que sacaron los cuerpos de ahí”, detalla Goiburú. Un proceso de investigación minuciosa los llevó a dos nuevos posibles sitios en el mismo departamento, a donde llegarán en el transcurso de este año. “Buscamos los huesos que hablan porque nos cuentan historias, son de compatriotas, hombres y mujeres con dignidad que lucharon por un sueño, por un Paraguay diferente al que hoy estamos viviendo”, finaliza.
Una nueva ley
El diputado Rodrigo Blanco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), está llevando adelante un proyecto de ley que establezca un marco legal para que sea aplicado en los casos de búsqueda de personas desaparecidas. “Los alarmantes números ameritan que el Estado adopte una política puntual”, planteó a este medio.
Su propuesta es inédita, ya que, según nos indica, hoy existe un vacío legal sobre el tema. Actualmente hay un protocolo vigente, pero está desactualizado. “En otros países tienen, por ejemplo, la alerta Amber; nosotros proponemos algo parecido: el Sistema de Alerta de Emergencia Máxima, con un protocolo de acción inmediata, porque las primeras 24 horas de búsqueda son críticas”, explica.
Otro punto muy importante es el fortalecimiento de la institución que ya está llevando a cabo este proceso, el Departamento Especializado de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que de momento solo cuenta con alrededor de 50 agentes en todo el país. “Nosotros no tenemos recursos propios, y al ser una unidad nueva, hay limitación presupuestaria; eso sí, podemos pedir de otros departamentos”, afirmó a esta redacción el comisario Felipe Figueredo, quien está a cargo de la misma.
Además, la ley también contempla la creación de una unidad especializada dentro del Ministerio Público, que pueda llevar adelante estos casos. “Hay un protocolo específico, implementado a nivel mundial, que es lo que buscamos que se adopte como política pública para estos casos. Son muy preocupantes los números, y afectan, en su mayoría, a menores de edad”, afirma Blanco. Según adelanta, la ley buscará un porcentaje de un ingreso de Hacienda, pero aún no está definido.
Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), opina que la solución debe ser mucho más radical. “Lo ideal sería implementar un mecanismo que analice en profundidad el caso para determinar, a partir de ahí, cuál es la reacción del Estado”, explica. Desde ese punto, se debe estudiar a qué unidades derivar. “Es necesario que se contemplen organismos especializados para la búsqueda de personas, que trabajen interinstitucionalmente”, agrega.
La búsqueda continúa
“La realidad es que es un tema preocupante para la sociedad y lo más importante es voluntad política, tanto para personas desaparecidas durante la dictadura como en democracia”, dice Leguizamón. Sin datos y un seguimiento acorde, las posibilidades de encontrar a quienes faltan disminuyen. La cantidad de casos hace que se trate de un tema urgente del que poco se habla. Además, el tejido social se ve horadado por cada ausencia.
Según Pietro Sferrazza Taibi, abogado y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, “en el marco del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, hay un derecho fundamental autónomo a la búsqueda de las personas desaparecidas y de una correlativa obligación internacional que debe ser cumplida por los estados”.
Esperemos que el nuestro lo cumpla.
Sin Comentarios